Estudios

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Año

2010

Fecha

JULIO-AGOSTO

Número

720

Páginas

1647 - 1678

Sección

ESTUDIOS

Título

EL DESLINDE ADMINISTRATIVO. ASPECTOS CIVILES Y REGISTRALES.

Autor

SÁNCHEZ-CALERO ARRIBAS, BLANCA

Resumen

Entre las facultades y prerrogativas que, para la defensa de su patrimonio, concede la Ley 33/2003 a las Administraciones públicas, está la de deslindar en vía administrativa los bienes inmuebles de los que sean titulares cuando se dan los presupuestos que la propia Ley determina.
El carácter público de estos bienes dota al deslinde administrativo de una serie de notas específicas que lo diferencian del deslinde civil y que lo configuran como una manifestación del privilegio de autotutela de las Administraciones públicas, permitiéndoles acometer la defensa autónoma e inmediata de sus bienes y derechos sin dependencia de los Tribunales de Justicia, para que puedan llevar a cabo de forma adecuada el cumplimiento de sus fines. Esta posición de supremacía de la Administración se observa claramente en el procedimiento para realizar el deslinde.
Pero una de las cuestiones más importantes que se plantean en torno al deslinde administrativo es la de sus efectos, sobre todo en lo relativo a los derechos de los terceros, y, en consonancia con ello, a si el acto administrativo que pone fin al deslinde es suficiente para proceder a la modificación de las inscripciones registrales, pues, aun cuando el deslinde, según la Ley 33/2003, desenvuelve su eficacia en el ámbito estrictamente posesorio, en la legislación sectorial sobre costas, aguas y vías pecuarias se le otorga una eficacia mucho mayor, al derivarse del mismo efectos declarativos de la posesión y de la titularidad demanial, a la vez que se concede al título de deslinde eficacia prevalente respecto de las titularidades contradictorias.
Finalmente, la Ley prevé el régimen jurídico para los terrenos sobrantes tras el deslinde, lo cual provoca no pocos problemas, fundamentalmente respecto del destino de los citados terrenos.

Abstract

One of the faculties and prerogatives that Act 33/2003 grants the government for defending public assets is the ability to take administrative action to have surveys made of government-owned immovable property when the conditions outlined in the act are met.
Because of the public nature of the property concerned, administrative surveying contains a series of specific notes that makes it different from civil surveying and turns it into a manifestation of government's privilege of self-protection, enabling government to take immediate, autonomous action to defend its property and rights without depending on the court system, so that government can do its job properly. This position of government supremacy can be observed clearly in the surveying procedure.
But one of the most important issues concerning administrative surveys is that of the effects, especially as regards the rights of third persons and, in a related matter, as regards whether an administrative act concluding a survey is sufficient grounds for amending registration entries. Even though Act 33/2003 strictly limits the efficacy of administrative surveys to the possessory realm, sector- specific legislation on coasts, water and livestock trails gives administrative surveys much greater efficacy. Under this latter type of legislation, declaratory effects of possession and inalienable property ownership in the public domain may stem from administrative surveys, and survey titles are vested with an efficacy that prevails over any contradictory titles.
Lastly, the act lays down the system of rules for land left over after an administrative survey. Such land causes no few problems, fundamentally the problem of what is to be done with it.

Palabras clave

DESLINDE ADMINISTRATIVO.

Key words

ADMINISTRATIVE SURVEYS.

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