Estudios
Año
2010
Fecha
30-04-2010
Número
718
Páginas
677 - 748
Sección
DERECHO COMPARADO, ESTUDIOS
Título
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS GARANTÍAS DE «EJECUCIÓN PRIVADA» O «EXTRAJUDICIALES» O «AUTOLIQUIDABLES». ENFOQUE DESDE EL DERECHO ARGENTINO.
Autor
BORETTO, MAURICIO
Resumen
Tratándose de garantías autoejecutables, como regla, el deudor no puede impedir la «agresión» patrimonial privada del acreedor; sin embargo, puede promover el juicio «previo» para que lo «oigan antes», y esta facultad no le puede ser vedada. Es decir, la ley puede posponer la promoción del juicio de conocimiento, pero no puede prohibir la facultad constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional) de la cual goza el deudor de poder iniciarlo antes o durante la autoliquidación de la garantía.
En efecto, el deudor ejecutado por el acreedor munido de garantía autoliquidable lisa y llanamente no puede hacer valer defensa alguna, ni siquiera referida al título, pues no hay «juicio» en su contra en el cual las pueda plantear .
Se justifica, entonces, que el deudor pueda promover un juicio de conocimiento (con la amplitud de audiencia y pruebas necesarias) antes o durante (y por supuesto con posterioridad a) la ejecución para ser oído, aún cuando no podrá impedir que lo ejecute extrajudicialmente el acreedor (principio de libre demandabilidad, art. 17 de la Constitución Nacional).
En aquellos casos en que el juicio de conocimiento es iniciado con posterioridad a la ejecución autoliquidable, podrá adoptar también la forma de un juicio de repetición. En éste el deudor autoejecutado podrá pretender, además de plantear aquellas defensas que no pudo hacer valer en la ejecución privada, repetir contra el acreedor lo percibido por éste -sin derecho- con motivo de la autoliquidación de la garantía. Puede además acumular la pretensión resarcitoria.
Para el caso de que el acreedor haya ejecutado sin derecho o abusivamente una garantía autoejecutable, deberá reparar los daños y perjuicios ocasionados al deudor.
Abstract
In matters of security subject to private foreclosure by the lender, as a rule the borrower cannot prevent the lender' s «aggression» against the borrower' s private assets; the borrower can, however, file for a «preliminary» trial so that he can be «heard first», and there is no banning him from using this power. That is to say, the law can postpone the initiation of the trial process, but it cannot prohibit the borrower' s constitutional ability (National Constitution, art. 18) to initiate the process before or during private foreclosure on the security.
Indeed, when a lender armed with security subject to private foreclosure wishes to foreclose, there is, plain and simple, no defence the borrower can put up, not even in regard to the title, because there is no «trial» against him where he can argue a defence.
It is justified, then, for the borrower to be able to file for a trial process (with the necessary breadth of hearing and evidence) before or during (and of course after) foreclosure in order to be heard, even though he will be unable to stop the lender from foreclosing on the security out of court (rule of freedom to file suit, National Constitution, art. 17).
In those cases where the trial process is initiated after foreclosure under a selfliquidation procedure, the process may also take the form of action for recovery. Here, after private foreclosure, the borrower can, in addition to putting up those defensive arguments he could not give in the private foreclosure, attempt to sue the lender to recover what the lender has wrongfully received through the self-liquidation of the security. The action for redress can, in addition, be tried jointly with the other process.
Where the lender has foreclosed wrongfully or abusively on security subject to private foreclosure, the lender must repair the damages done to the borrower.
Palabras clave
GARANTÍAS DE EJECUCIÓN PRIVADA. EJECUCIÓN SIN INTERVENCIÓN JURISDICCIONAL.
Key words
SECURITY SUBJECT TO PRIVATE FORECLOSURE. FORECLOSURE WITHOUT COURT INTERVENTION.
Sumario