Tendencias presentes y futuras de ciudades y comunidades sostenibles y viviendas colaborativas a través de plataformas digitales. (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2018)
El desarrollo sostenible del sector inmobiliario busca el bienestar de sus habitantes. Los objetivos de Naciones Unidas persiguen una toma de consciencia con relación a la habitabilidad, justicia social y medio ambiente. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la edificación sostenible debe cumplir con los objetivos exigidos de mejora de las condiciones materiales, colaborar con la inclusión social y la justicia, cumplir con una construcción segura, que permita la supervivencia y respete el medio físico. La sostenibilidad también requiere una rehabilitación que busque la eficiencia energética, para lograr los objetivos de eficiencia energética para 2020 y 2030 en la UE. En desarrollo de las Directivas europeas sobre eficiencia energética, la última norma en la materia es la nueva Ley del suelo 7/2015, que acoge los criterios para su desarrollo. La economía colaborativa a través de plataformas on-line ha surgido en los últimos años en respuesta a nuevas necesidades no cubiertas por el sistema económico y social, entre otros, en el ámbito inmobiliario. En origen nace dentro del marco de la sostenibilidad social, económica y ambiental. Hay una gran variedad de supuestos de economía colaborativa en el sector inmobiliario. Los supuestos de viviendas colaborativas ofrecen ventajas incuestionables: se incrementa el número de usuarios, se da preferencia al uso sobre la propiedad, hay beneficios medioambientales, económicos y sociales. Sin embargo, también presentan inconvenientes por el gran impacto de las viviendas colaborativas sobre el derecho a la vivienda, las dificultades de denominación y de regulación, así como los problemas referidos a la estructura urbanística y social de las ciudades, en particular respecto de los sujetos particulares que conviven con la nueva situación. La actividad inmobiliaria mediante plataformas digitales es una nueva realidad social y precisa respuestas jurídicas. La elaboración de un estatuto jurídico supondría el amparo de su utilización. Tal estatuto podría clarificar estructuras más estables: sujetos implicados y capacidad, objeto, contenido —derechos y obligaciones—, y responsabilidades; evitando incertidumbre y fragmentación. Es importante reflexionar sobre ello, especialmente por su gran repercusión en uno de los sectores con mayor peso en España, en términos de Producto Interior Bruto y de empleo, como es el turístico.