(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2011)
La problemática de acceso a la vivienda que se ha recrudecido desde el comienzo de la crisis en 2007 está estrechamente vinculada a su financiación mediante préstamos hipotecarios, al tiempo que a su doble condición -mal resuelta- de activo económico y de sede de derechos fundamentales. El deficiente funcionamiento de nuestro mercado de vivienda en alquiler ha llevado a muchas familias al sobreendeudamiento, que ha sido animado por un fácil acceso al préstamo. Algunas de las prácticas bancarias aquí estudiadas han contribuido a tal proliferación del préstamo hipotecario, como que la entidad de crédito pueda comercializar en mejores condiciones préstamos a interés variable gracias a que parte de su riesgo de tipo de interés lo asume el propio consumidor o minorista (cláusulas suelo o swaps, que se analizan desde un punto de vista jurisprudencial y de las MiFID) o al hecho de que se haya permitido refinanciar a nuestras entidades de manera masiva mediante las atípicas «cédulas estructuradas». A lo largo del trabajo se analiza el rol del notario en relación al control de la legalidad, el fenómeno de resoluciones judiciales que admiten la ejecución del préstamo hipotecario solo sobre la finca o que extinguen los créditos tras un concurso fallido como medidas para paliar las negativas consecuencias para los deudores hipotecarios, las «prácticas de atar», la falta de un marco jurídico adecuado para la responsabilidad civil de las agencias de calificación, la necesidad de la generalización de la subasta y, por último, la necesidad de una mayor transparencia en la garantía de los valores hipotecarios.