(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2012)
En la sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de marzo de 2012, se califica la infracción de la normativa de adquisición derivativa de participaciones sociales como un supuesto de ilícito causal que produce la nulidad radical del negocio jurídico de adquisición, en contra de la calificación como contrato prohibido y los efectos del mismo a la luz de la interpretación del artículo 6.3 del Código Civil y del artículo 140.2 de la Ley de Sociedades de Capital.