(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2017)
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, dedica el Capítulo I de su Título I a las «Normas de Derecho Internacional Privado», y dentro de él se contiene en los artículos 11 y 12 la regulación de los efectos generales y registrales en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras. Se trata seguramente de los artículos más oscuros y de difícil inteligencia de toda la Ley 15/2015. Pocas veces las críticas de la doctrina han sido tan rápidas, contundentes y unánimes como en este caso. Del entramado normativo formado por los artículos 11 y 12 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (en conjunción con los artículos 41 a 46 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, con los que presentan una directa conexión), se ha llegado a decir que es «terminológica y conceptualmente confuso, asistemático y falto de la mínima coherencia». Para intentar hacer una correcta exégesis de estos complejos y confusos preceptos es preciso empezar por realizar algunas aclaraciones terminológicas, conceptuales y de delimitación del sistema de fuentes normativas en esta materia. A esta tarea se consagra este artículo que estudia, además, los principios generales en materia de eficacia registral en España de las citadas resoluciones judiciales extranjeras en materia de jurisdicción voluntaria, el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de los citados artículos 11 y 12, el régimen de reconocimiento resultante de los mismos incluyendo el estudio de los motivos de denegación a que queda sujeto, y finalmente su régimen de calificación registral.