(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2019)
El legislador español concede un importante papel al incumplimiento de la obligación de alimentos, dedicándole prácticamente la totalidad del articulado. Al fin y al cabo, la regulación de este contrato obedece al afán de proteger el crédito del alimentista o receptor de los alimentos, como consecuencia de la causa onerosa del contrato, esto es, en la medida en que ha existido una transmisión patrimonial precisamente para que a cambio se presten alimentos. Y de ahí la objetividad con que se regula esta cuestión, ya que el artículo 1795 del Código civil reconoce automáticamente el derecho del alimentista a poner fin al contrato cuando quiebra la finalidad prevista. Además, una vez resuelto el contrato, se intenta garantizar al máximo la restitución in natura de los bienes o derechos que fueron transmitidos con ocasión del contrato. Así, mientras los artículos 1795 y 1796 del Código civil tratan de garantizar dicha restitución frente al alimentante, el artículo 1797 del Código civil prevé la posibilidad de hacerla valer incluso frente a terceros, a través del acceso al Registro de la Propiedad.