(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2019)
Los registros inmobiliarios asumen, en la actualidad, tres fundamentales desafíos, consistentes en su modernización, la prestación de un servicio público eficiente y la asunción de un compromiso enderezado hacia la seguridad jurídica en el tráfico negocial de inmuebles. Desde ese ángulo, «modernizar» un registro inmobiliario no debe comprenderse como sinónimo de informatizarlo, pues esto último es solo un aspecto de la pretendida modernización, sin perjuicio de lo cual se reconoce el indubitado éxito de la implementación de herramientas informáticas para optimizar el servicio registral. Es importante que la informatización comprenda al documento registrable, a la rogación, a la matrícula y a la expedición de certificados. La prestación de un servicio eficiente requiere focalizar la atención en el usuario, como verdadero protagonista del servicio registral. La contribución de la función registral a la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario es posible con independencia del tipo de registro y de los efectos jurídicos que cada ordenamiento le asigne a la inscripción registral. La retroprioridad indirecta en materia de escrituras públicas (en los países en que esta es legislada), la calificación registral del tracto sucesivo y la vinculación de los registros inmobiliarios con los Catastros y con un Notariado que garantice una adecuada calificación negocial son pilares fundamentales para la seguridad jurídica que el registrador está en condiciones de proporcionar, sea en forma exclusiva, sea en forma concomitante con otros operadores jurídicos, dependiendo esto último de las regulaciones de cada país en materia registral y notarial.