(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2020)
El Real Decreto – Ley 8/2020, cuyo ámbito objetivo de aplicación fue ampliado por el Real Decreto – Ley 11/2020, pretende evitar el vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios contraídos por deudores en situación de vulnerabilidad económica derivada de la crisis del COVID 19, mediante la concesión de una moratoria hipotecaria, es decir, mediante la suspensión de las obligaciones contractuales derivadas de determinados préstamos hipotecarios durante un plazo de tres meses a contar desde la implementación de la medida por la entidad acreedora. Puede tratarse de préstamos hipotecarios contraídos bien para la adquisición de la vivienda familiar, bien para la adquisición de inmuebles afectos a la actividad profesional o empresarial de autónomos vulnerables, o bien de inmuebles adquiridos para su posterior arrendamiento en los que el arrendatario haya dejado de pagar la renta como consecuencia también de la crisis del COVID – 19. El Real Decreto – Ley 8/2020 prevé también la posibilidad de que las partes alcancen una novación que como contenido imprescindible debe incorporar la moratoria legal solicitada por el deudor. Igualmente prevé que fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que hayan garantizado con fianza o hipoteca deudas ajenas, y en quienes concurra la situación de vulnerabilidad descrita en el artículo 16 del Real Decreto – Ley 11/2020, puedan, aparte de acogerse a la moratoria de deudas hipotecarias propias, impedir la ejecución de su vivienda familiar por deudas ajenas durante el plazo general de vigencia previsto para las medidas que no tienen plazo de duración determinado, o sea, hasta un mes después del fin del Estado de alarma.