Estudios

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Año

2012

Fecha

30-06-2012

Número

731

Páginas

1706 - 1738

Sección

ANÁLISIS CRÍTICO DE JURISPRUDENCIA. DERECHO CIVIL. RESPONSABILIDAD CIVIL (2005-2012)

Título

CUESTIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EL SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SUMINISTRADO EN RÉGIMEN PÚBLICO Y EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN: VIS ATRACTIVA DEL ORDEN CONTENCIOSO VERSUS VIS RESIDUAL DE LA JURISDICCIÓN CIVIL.

Autor

MORETÓN SANZ, Mª FERNANDA

Resumen

Las pretensiones resarcitorias de daños y perjuicios acaecidos en una residencia de personas mayores de titularidad privada, habrán de ser ejercitadas ante la jurisdicción civil, alegando los principios aplicables en este orden y teniendo presente su configuración subjetiva. De conformidad al artículo 1903 del Código Civil, soportará la legitimación pasiva la entidad que aparezca como titular del centro o alojamiento alternativo, sea esta una persona física o jurídica y esté presente, o no, ánimo lucrativo. Distinto será el régimen aplicable a la responsabilidad patrimonial si la prestación está suministrada por entidad pública, por cuanto se ventilará mediante el ordenamiento administrativo y, en su caso, en vía judicial contencioso-administrativa, sin determinación de la naturaleza contractual o extracontractual de la relación de fondo. Pese a lo anterior, si el evento dañoso ha ocurrido en el seno de una entidad contratista y titular de alguna de las modalidades de gestión del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, habremos de detenernos en la responsabilidad objetiva del contratista. En este sentido resultará preceptivo el análisis de las distintas y contradictorias líneas doctrinales y jurisprudenciales sobre la competencia y sujeto que habrá de asumir el deber indemnizatorio. Caso de que el evento dañoso sea imputable a una entidad, contratista y titular de alguna modalidad de gestión, por ejemplo un centro de carácter concertado, tendremos que advertir que la vía jurisdiccional podrá ser tanto la civil como la contencioso-administrativa.

Abstract

Claims for compensation for damages incurred in a privately owned home for the elderly must be filed in the civil jurisdiction. There the claimant must state the principles applicable to the case in the civil jurisdiction, taking account of its subjective configuration. Under section 1,903 of the Civil Code, the entity listed as the owner of the centre or alternative housing facility will be the defendant, whether that entity is an individual or a legal person, and whether the facility is run on a for-profit or a not-for-profit basis. The procedure applicable to personal liability is different if the service is provided by a public entity; the complaint will then be aired under administrative rules and, if it comes to judicial action, it will be heard in an administrative law court, and the contractual or extra-contractual nature of the underlying relationship will not be examined. Even so, if the injurious event occurred on the premises of a contractor under one of the management schemes addressed in Royal Legislative Decree 3/2011 of 14 November approving the revised Public Sector Contract Act, there is the issue of the contractor's objective liability. Legal thought and case law espouse a wide variety of contradictory lines concerning competence and the person that must shoulder the duty to pay damages. When the injurious event can be attributed to a contractor under a management scheme for, for example, a publicly supported private centre, action may be taken under both civil and administrative law.

Palabras clave

GERIÁTRICOS Y RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Key words

GERIATRIC CLINICS AND HOMES FOR THE ELDERLY. PERSONAL LIABILITY OF GOVERNMENT

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